Queja respecto de las extinciones de autorizaciones de residencia y trabajo efectuadas por la Subdelegación de Gobierno en Almería

SOC-SAT

Sindicato de Obreros del Campo – Sindicato Andaluz de Trabajadores

C/Jorge Guillén, 1 – Bajo 04006 Almería

Telf. Y Fax 950170038

socalmeria@yahoo.es

A LA DIRECCION GENERAL DE INMIGRACION

Asunto: Queja respecto de las extinciones de autorizaciones de residencia y trabajo efectuadas por la Subdelegación de Gobierno en Almería

La entidad abajo firmante, legitimada por su trabajo diario en la atención y asesoramiento de ciudadanos extranjeros, mediante el presente escrito desea poner en conocimiento de esa Dirección General, las prácticas que están siendo llevadas a cabo por la Subdelegación de Gobierno de Almería, a través de su Oficina de Extranjeros, en la aplicación de la legislación vigente en materia de Extranjería.

Consideramos que se está aplicando la legislación de una forma equivocada, que no responde a la aplicación en el resto de España y que vulnera los derechos humanos de las personas migrantes en la provincia de Almería. Si bien conocemos los medios jurídicos para impugnar cualquiera de las resoluciones nulas en este ámbito, no podemos esperar a la resolución de cada caso concreto, sino que debemos buscar soluciones generales para la colectividad, como Organización con fines sociales que somos.

Tales afirmaciones se basan en lo siguiente:

Extinciones de autorizaciones de trabajo y residencia concedidas por arraigo social: la Subdelegación del Gobierno en Almería, desde finales de 2010, aproximadamente, viene extinguiendo las autorizaciones, utilizando los siguientes criterios:

  • artículo 75.2.d. RD 2393/04: “la autorización se extinguirá… cuando se compruebe la inexactitud grave de las alegaciones formuladas por el titular para obtener dicha autorización de residencia”. Esta fundamentación se utiliza para extinguir las autorizaciones de residencia y trabajo de aquellos trabajadores extranjeros que han sido dados de baja en la Seguridad Social con la empresa que les presentó la autorización, aunque en la actualidad sigan dados de alta y coticen con otro empleador.

Consideramos que esta forma de interpretar ese artículo es absolutamente ilegal, ya que presupone que todo el que es dado de baja en su trabajo inicial estaba mintiendo o presentando un contrato falso. Ello tiene mayor gravedad, al provocar una discriminación en el ejercicio de los derechos laborales de las personas extranjeras, puesto que, conforme a la presunción de que si se cambian de trabajo es porque han mentido, se les está obligando a mantenerse trabajando incondicionalmente con el empresario que les hizo el contrato inicial, lo que es radicalmente opuesto a lo establecido en la normativa laboral vigente en nuestro país. En nuestro ordenamiento jurídico- social ya existen instrumentos legítimos para que trabajador y empresario reclamen sus derechos en caso de despido improcedente y es inadmisible que se pretenda con la práctica de extranjería discriminar a los trabajadores migrantes en el ejercicio de sus derechos laborales.

  • Artículo 75.2.c. del RD 2393/04: “la autorización de residencia temporal se extinguirá por resolución motivada de la autoridad competente […] cuando desaparezcan las circunstancias que sirvieron de base para su concesión…”. La Subdelegación de Gobierno en Almería estaría interpretando que si un ciudadano extranjero y su empresario deciden, por el motivo que sea, poner fin a su relación laboral, ello implicaría que han desaparecido las circunstancias que basaron la concesión de la autorización, lo que resulta inadmisible. El contrato que se presentó junto a la solicitud de arraigo era un instrumento jurídico perfectamente válido, y no deja de serlo porque se decida ponerle fin. Existe una normativa laboral que permite a empleador y empleado terminar su relación laboral por causas legales y será competencia del orden Social examinar si se dan o no esos presupuestos. La Administración de Extranjería tendrá que limitarse a observar si en el momento de la renovación de su autorización, el trabajador cumple los requisitos que establece en el Reglamento de Extranjería. De otro modo está incurriendo en la responsabilidad de atribuirse funciones que no le corresponden y de pretender que la legislación de extranjería esté por encima de la laboral, o directamente, discriminando a los ciudadanos extranjeros en la aplicación del derecho laboral.

Además, el espíritu de la normativa de extranjería es favorecer la inserción laboral y social de los trabajadores migrantes y favorecer la renovación de sus autorizaciones siempre que hayan estado trabajando, lo que choca frontalmente con estas extinciones de autorizaciones a personas extranjeras que no solo tienen su autorización vigente y no han cometido fraude alguno, sino que han seguido trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Con estas prácticas, estos ciudadanos son discriminados frente a los nacionales o comunitarios, sancionándoles por cambiar de trabajo y llevándoles forzosamente a la exclusión social a pesar de estar haciendo esfuerzos por su integración a través del trabajo.

La Subdelegación de Almería estaría aplicando desde la fecha señalada y al menos hasta mayo de 2011, sin haber cambiado hasta esa fecha ni la ley ni el reglamento de Extranjería, un criterio novedoso, que no ha sido publicado para su conocimiento general (principio jurídico de publicidad de la legislación) y que se ha adoptado unilateralmente por una Subdelegación del Gobierno provincial, a pesar de que la norma es única para todo el territorio nacional. Esta práctica ataca frontalmente el principio de seguridad jurídica que es una garantía del Estado de Derecho, vigente sin discriminación, para todos los ciudadanos que vivimos en este país.

Asimismo se está vulnerando el principio de irretroactividad de las leyes, al aplicarse una nueva instrucción que nadie conoce a personas que se han regido en su procedimiento administrativo por “criterios” vigentes en una fecha anterior y que ahora ven con impotencia cómo se les arrebata la autorización de residencia que tanto les ha costado conseguir y tras varios meses cotizados, privándoles de derechos adquiridos.

Por todo lo expuesto,

SOLICITAMOS de esa Dirección General que, una vez examinado el presente escrito, procedan al estudio de los expedientes, y una vez comprobada la vulneración de la legislación de extranjería vigente por parte de la Subdelegación de Gobierno en Almería y los criterios radicalmente diferentes a los del resto de Subdelegaciones y Delegaciones de Gobierno del territorio español, se le exija la revocación de cada una de las resoluciones de extinción dictadas, retrotrayéndose en sus efectos y restituyendo a los ciudadanos extranjeros mencionados sus autorizaciones de residencia.

Lo que se pide en Almería, a 11 de julio de 2011

SOC Almería

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