Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIEs

Mostramos nuestra preocupación por el oscurantismo con que el Gobierno español está elaborando el Reglamento que regulará el funcionamiento de los CIEs

El 11 de diciembre de 2009 el parlamento español aprobó la cuarta reforma en una década de la Ley Orgánica de Extranjería (LO 2/2009). Se establecía la necesidad de dotar a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de un Reglamento específico que regule su funcionamiento y las condiciones de internamiento. Un año y medio después, este reglamento aún no ha visto la luz.

La existencia misma de los CIE, así como las disposiciones de la Ley de Extranjería y la aplicación de las mismas por parte de las autoridades, crea una situación de excepcionalidad en el Estado de Derecho y viola los derechos fundamentales: cientos de personas extranjeras son internadas y privadas de su libertad sin haber cometido ningún delito, sólo meras faltas administrativas. Además no hay una regulación adecuada de los CIE (hasta ahora una insuficiente Orden Ministerial de 1999) que detalle los derechos concretos que deben tener las personas que se encuentran en este tipo de centros. Esta falta de regulación de derechos y de garantías posibilita situaciones de discrecionalidad por parte de las autoridades de los CIE, con la consiguiente vulnerabilidad e indefensión de las personas internadas y que se produzcan abusos y malos tratos o inadecuadas condiciones de habitabilidad.

La política de CIE no es exclusiva del Estado español, está dentro de una política común de la Unión Europea. El 18 de junio es el tercer aniversario de la aprobación por la UE de la Directiva de Retorno, la directiva de la vergüenza. Esta normativa legitima la existencia de los CIE y el endurecimiento de las políticas estatales contra la inmigración, consolida el modelo de la Europa fortaleza y convierte a sus Estados en expulsores y segregadores.

Por ello, una red de organizaciones sociales a nivel estatal impulsamos una campaña de incidencia política y social:

Para que el gobierno elabore un Reglamento que proteja de manera efectiva los derechos de las personas internadas.

Para que establezca garantías suficientes para la defensa judicial de sus derechos cuando éstos se vean vulnerados.

Exigimos:

Que no se demore la elaboración del Reglamento

Que se haga con participación del movimiento asociativo y demás agentes implicados.

Es urgente regular los CIE para acabar con situaciones de arbitrariedad e indefensión y garantizar los derechos fundamentales de las personas internadas: a la salud, a la asistencia jurídica, a la comunicación sin trabas y respetando el derecho a la intimidad, al conocimiento de sus derechos, a un tratamiento individualizado y a unas instalaciones en condiciones.

Exigimos mayor transparencia de lo que ocurre en ellos: publicación de datos oficiales y acceso sin obstáculos de la sociedad civil a los mismos.

Recordamos al Gobierno que el único derecho que tiene limitado las personas internas es la libertad ambulatoria y exigimos que el reglamento garantice el ejercicio sus derechos fundamentales.

Te invitamos a conocer el Manifiesto que hemos redactado y adherirte al mismo. Lo haremos público el próximo 16 de junio y quisiéramos que figuraras entre quienes lo avalan. Recibe un abrazo desde SOS Racismo

MANIFIESTO

Las  organizaciones  sociales,  entidades  y  ciudadanos  abajo  firmantes  pedimos  el  cierre  de  los  Centros  de  Internamiento  de  Extranjeros  (CIE),  espacios  contrarios  a  los  instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos  firmados  y  ratificados  por  España,  y  mostramos  nuestra  preocupación por el oscurantismo con que el Gobierno español está elaborando el Reglamento  que  regulará  el  funcionamiento  de  estos  Centros.  Margina  así  a  la  sociedad  civil  en  el  tratamiento  de  uno  de  los  puntos  más  cuestionados  y  represivos  de  la  política  migratoria:  la  privación  de  libertad  a  personas  que  no  han  podido  obtener  o  renovar  el  permiso  de  residencia. 

Son  meses  esperando  conocer  el  borrador  de  este  reglamento  que  está  elaborando  el  Ministerio  de  Interior  ‐pese  a  que  la  última  modificación  de  la  LOEX,  de  11  de  diciembre  de  2009  dispuso  que  se  aprobaría  en  el  plazo  de  6  meses‐,  sin  que  haya  sido  posible  saber  sus  líneas  básicas  ni  mucho  menos  poder  intervenir  mínimamente  para  que  se  garanticen  en  él  la  totalidad  de  los  Derechos  de  las  personas  que  son  internadas  en  los  CIE.  Esta  ausencia  de  diálogo  sólo  puede  presagiar  la  imposición  de  una  norma  restrictiva  y  limitadora  de  derechos  que  dé  continuidad  a  la  actual  inseguridad  jurídica  propiciada  por  la  imposición  unilateral  y  arbitraria de las normas de cada centro.  Las  denuncias  documentadas  sobre  el  funcionamiento  de  los  CIE,  formuladas  en  los  últimos  años  por  el  movimiento  asociativo  que  trabaja  a  pie  de  calle,  así  como  por  entidades  europeas,  comisiones  del  Parlamento  Europeo  e  instituciones  españolas  como  el  Defensor  del  Pueblo,  y  equivalentes  autonómicos,  o  la  propia  Fiscalía  General  del  Estado,  no  pueden  obviarse en el próximo Reglamento. Por ello, pedimos una interlocución oficial que permita al  movimiento asociativo y al resto de entidades implicadas, una participación real en el debate  en torno al futuro Reglamento. 

La  sociedad  civil  no  puede  ser  excluida  del  proceso  de  elaboración  del  Reglamento  que  regulará  el  funcionamiento  de  estos  espacios  donde  miles  de  personas  permanecen  detenidas  por  no  tener  su  situación  administrativa  regularizada.  Son  nuestras  vecinas  y  vecinos,  parte  importante  de  una  sociedad  en  la  que  no  cesaremos  en  nuestro  empeño  de  que  sean  respetados  los  Derechos  de  las  personas,  independientemente  del  lugar  donde  hayamos nacido.  Es  necesaria,  entonces,  la  implicación  de  todos  los  estamentos  de  nuestra  sociedad  para conseguir dicha interlocución. El pronunciamiento de las entidades sociales, de las que se  mueven en el ámbito jurídico, en el mundo universitario, en el campo de la salud pública, de la  enseñanza,  etc.  puede  favorecer  que  Interior  apruebe  un  Reglamento  que  garantice  y  desarrolle los derechos básicos de las personas encerradas en los CIE.  Insistimos  en  que  el  único  derecho  limitado  por  el  ordenamiento  jurídico  a  dichas  personas  es  el  de  la  libertad  ambulatoria.  Por  ello,  el  Reglamento  ha  de  garantizar  el  cumplimiento  de  todos  los  demás  derechos:  a  la  integridad  física  y  psicológica,  a  la  salud,  a  la  asistencia jurídica y social, a la comunicación sin trabas y respetando el derecho a la intimidad,  al conocimiento y ejercicio de sus derechos, a unas instalaciones en condiciones.  

Y  en  tanto  los  tiempos  conduzcan  a  un  cierre  de  estos  centros,  se  ha  de  acabar  con  el  oscurantismo  sobre  su  funcionamiento,  garantizando  el  respeto  a  los  derechos  fundamentales  de  los  internos  e  internas,  el  acceso  de  las  entidades  sociales  y  proporcionando  información  pública  y  estadísticas  precisas  sobre  las  personas  que  pasan  por  los  CIES,  su  situación  jurídica,  la duración del encierro y la resolución final del mismo, su expulsión o puesta en libertad. 

Pedimos tu apoyo a este manifiesto

¡Que no nos hagan trampas con el Reglamento. CIErralos!

Súmate a la campaña. Firma aquí

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