Organizaciones de Almería solicitan un Plan Específico para el colectivo de inmigrantes

Izquierda Unida junto a SOC, CC OO, PCA, Almería Acoge, Asociación de ecuatorianos de El Ejido, Senegaleses de Vícar y Asociación Mezquita de El Ejido han suscrito un manifiesto sobre la actual crisis económica y la inmigración, en el que condenan los robos llevados a cabo en invernaderos, a la vez que se solicita un Plan Específico de Actuación en el que se incluya la posibilidad del retorno voluntario, así como ayuda humanitaria para las personas necesitadas de protección institucional.

El manifiesto se ha presentado en la Carpa Juan Goytisolo del Puerto de Almería junto a una serie de peticiones a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y a las administraciones “para crear las bases de una sociedad más dinámica y participativa”.

MANIFIESTO
Ante el aumento de robos en invernaderos del Poniente Almeriense, las organizaciones abajo firmantes desean trasladar a la opinión pública las siguientes consideraciones:

1. Estamos inmersos en una terrible crisis económica, de características hasta ahora desconocidas. Todas las previsiones auguran una situación económica de recesión en el próximo año, discrepando en cuanto a su duración, pero compartiendo que la ultima tasa de paro para la provincia se sitúa en dígitos muy cercanos al 25%.
2. Es un hecho compartido socialmente, que la agricultura constituye el sector más dinámico de nuestra economía y, en estos momentos, la principal garantía frente a la crisis económica al mantener su actividad en una coyuntura difícil. Todos los almerienses estamos por tanto interesados en su defensa y mantenimiento.
3. En esta situación de crisis y paro una buena parte de los 20 000 parados de la construcción ha buscado una alternativa en el trabajo de los invernaderos, desplazando a colectivos de trabajadores inmigrantes que tradicionalmente se ocupan en ese sector laboral.
4. Esta situación, unida a la generalización de la crisis en muchos sectores, ha situado a muchos trabajadores y trabajadoras en general y a los inmigrantes en particular, en situaciones de desprotección muy profundas. Paros prolongados, ausencia de peonadas y la inexistencia, en muchos casos, de recursos sociales para paliar esta situación, están provocando la caída en situaciones de exclusión social de muchas de estas personas, convirtiendo con ellos a trabajadoras y trabajadores en marginados sociales.
5. Los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, en muchos de nuestros municipios, constituyen porcentaje superior al 30 % de la población de los mismos, y un porcentaje muy alto en ciertos sectores laborales como el de la agricultura. Por ello, el análisis y la resolución de cualquier cuestión laboral, debería contar con la participación de este porcentaje importante de los trabajadores.
6. Desde algunos sectores sociales, se relaciona directamente esta situación de exclusión o marginación de ciertos colectivos, con el aumento de hechos delictivos, proponiendo además como única alternativa el refuerzo del control policial y la participación de los propios agricultores en la vigilancia de sus explotaciones agrícolas.
7. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden verse distraídos de forma sustancial de otras misiones que la Constitución les señala, ocupándose de pequeños actos delictivos. Por otra parte, un aumento desproporcionado de su número motivado por esta situación coyuntural atendería solamente a las consecuencias y no a las causas de la misma y olvidaría que la solución a los múltiples problemas sociales que la crisis irá generando solo puede venir dada por la implicación y participación de todos los ciudadanos en la búsqueda y elaboración de soluciones. El mero control policial resultará caro e infructuoso si no se atiende a los factores que están en el origen de esta situación.
8. Considerando que estas mismas Fuerzas si pueden mejorar sus servicio de colaboración, información, y asistencia con otras instituciones sociales, sin por ello aumentar desproporcionadamente su número. La sociedad debe colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado, pero no consideramos conveniente convertir a cada vecino en policía

Ante todo lo expuesto DECLARAMOS:

1. Que condenamos categóricamente todo acto de robo o depredación cometido en los invernaderos o cualquier otro bien o propiedad de la zona.

2. Que es necesario realizar un exhaustivo informe sobre la situación, que determine con claridad el tipo de actos delictivos, su origen y sus consecuencias, antes de generalizar informaciones posiblemente incompletas.

3. Que a partir de dicho análisis, y no sin él, y buscando la implicación y participación de las partes implicadas y la sociedad en su conjunto, se podrán poner en marcha propuestas de resolución de las causas y de la minimización de las consecuencias.
• Pedimos a la administración central y autonómica, cada una en el ámbito de sus competencias, la elaboración de un plan especifico de actuación que contemple al menos los siguientes puntos:
• a) Ayuda humanitaria en caso de determinarse la existencia de colectivos de personas, de cualquier origen, necesitadas de protección institucional.
• b) La inclusión de personas de estos colectivos en los planes de creación de empleo institucionales presentes y futuros.
• c) Posibilidad de retorno voluntario si una parte de esta población lo expresara libremente.

4. Pedimos a las autoridades municipales la rápida implementación de Consejos Municipales de Inmigración, conforme a la posibilidad que ofrece el articulo 30-3 de la LRBRL (7/85), o en su caso , la inclusión de una representación de inmigrantes dentro del preceptivo Consejo Social para aquellos municipios que se acojan a la Ley Andaluza de Grandes Ciudades (2/2008). Lo que permitirá ir buscando solución a los múltiples problemas sociales que la crisis vaya generando

5. Igualmente , pedimos a las autoridades municipales , facilitar y fomentar la creación de asociaciones de todo tipo que faciliten la participación de los inmigrantes en la resolución de los problemas del municipio

6. Pedimos, en especial a las organizaciones agrarias, así como a todas las organizaciones sociales, su colaboración y su participación, imprescindible, en la creación de equipos de intermediación, que puedan ser inmediatamente movilizados ante cualquier principio de conflicto en el Poniente almeriense, y que estos tengan una comunicación fluida con los cuerpos policiales actuando en la zona.
La crisis económica va a ser larga y difícil. Solo con la participación de todos podremos evitar sus efectos sociales más nocivos, superar los conflictos puntuales que vayan apareciendo y crear las bases de una sociedad más dinámica y participativa.

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